Los 15,5 millones de euros en prejubilaciones que se han repartido los
miembros de la cúpula que han dejado CAM serían suficientes para hacer
frente a la ayuda mensual que reciben 17.000 parados. Mientras el
desempleo sigue aumentando, 50.000 desempleados de los 136.294
registrados en la Región no cobran ningún tipo de prestación, ayuda o
renta de inserción.
Las cifras aportadas por el ministerio de Trabajo sobre Murcia son suficientemente clarificadoras. De los 136.294 desempleados murcianos registrados en el mes de septiembre, únicamente 84.311 cobran alguna prestación, bien por desempleo o por ayudas del ministerio de Trabajo.
El ministerio de Trabajo se ve obligado cada mes a hacer frente a una nómina de 77 millones de euros en la Región en su correspondencia con el desempleo cada vez más galopante. 57de estos millones corresponden a los desempleados que aún cobran prestación. Otros 16,7 millones tienen que ser destinados mensualmente al pago de los subsidios; y otros 3,2 millones corresponden a las rentas de inserción.
En este marco marcado por el paro, el malestar se acrecienta cuando hace una semana se ha conocido que la cúpula de la CAM, intervenida por el Banco de España, se repartió la friolera de 15,5 millones en prejubilaciones de lujo y las pérdidas en los seis primeros meses del año superan los 1.136 millones.
Los ejecutivos que se han repartido este dineral son Roberto López Abad (director general hasta diciembre), Agustín Llorca (director general adjunto), Vicente Soriano (director general de Recursos), Joaquín Meseguer (director general de Participaciones Empresariales) y Gabriel Sagristá (responsable de expansión de la caja).
La directora de la CAM hasta la intervención de la caja por parte del Banco de España, María Dolores Amorós, pretendía cobrar una renta vitalicia, por 369.497 euros anuales, decisión que fue uno de los motivos que precipitó su despido.
La ejecutiva, sin embargo, se quedará sin cobrar esta renta vitalicia por haber sido objeto de despido disciplinario, salvo que recurra a los tribunales y éstos le den la razón.
El caso más destacado entre los cinco es el de Roberto López Abad, que dejó la dirección de CAM para asumir la dirección de Banco Base. Se prejubiló y obtuvo una indemnización de 3,8 millones de euros. Este importe es el resultado de multiplicar su último salario neto por los años que le quedaban para la jubilación (nueve).
Otra de las salidas sonadas fue la del director general Adjunto, Agustín Llorca. Éste anunció que se acogía al plan el mismo día en que se produjo la intervención de la caja, pero por la mañana. Llorca afirmaba en ese momento que ya había avisado de que tenía intención de prejubilarse, pero que quiso apoyar la labor de la directora general en los meses siguientes, en los que la caja estuvo buscando inversores que entraran para evitar la intervención del Banco de España, y eso retrasó su salida formal de la entidad.
Cuatro de los cinco ejecutivos se acogieron a las jubilaciones anticipadas el pasado febrero, justo después de que la entidad formulara las cuentas de resultados del ejercicio 2010, cuando todavía estaba en marcha la creación del malogrado Banco Base con Cajastur.
Vinculado con la integración en Base Base se aprobó un plan de jubilaciones en la CAM, con expediente de regulación de empleo, al que se acogió la cúpula directiva. Tras la ruptura de Base se ejecutó un nuevo expediente de regulación de empleo, que fue formalmente aprobado por el ministerio de Trabajo el 3 de junio.
Entre tanto, casi un millar de trabajadores de Caja Mediterráneo, aproximadamente el 90% de plantilla de la Región de Murcia, se concentraban en la tarde del martes ante el Banco de España en Murcia, produciéndose cortes intermitentes de tráfico en la Gran Vía ante la avalancha de asistentes. Los manifestantes reclamaban que no se pierda la Obra Social de CAM y que no se destruya empleo en la Caja una vez adjudicada mediante subasta a otra entidad financiera.
Estos trabajadores también condenaban la “deplorable y vergonzosa actuación” de los directivos de la Caja.
Las cifras aportadas por el ministerio de Trabajo sobre Murcia son suficientemente clarificadoras. De los 136.294 desempleados murcianos registrados en el mes de septiembre, únicamente 84.311 cobran alguna prestación, bien por desempleo o por ayudas del ministerio de Trabajo.
El ministerio de Trabajo se ve obligado cada mes a hacer frente a una nómina de 77 millones de euros en la Región en su correspondencia con el desempleo cada vez más galopante. 57de estos millones corresponden a los desempleados que aún cobran prestación. Otros 16,7 millones tienen que ser destinados mensualmente al pago de los subsidios; y otros 3,2 millones corresponden a las rentas de inserción.
En este marco marcado por el paro, el malestar se acrecienta cuando hace una semana se ha conocido que la cúpula de la CAM, intervenida por el Banco de España, se repartió la friolera de 15,5 millones en prejubilaciones de lujo y las pérdidas en los seis primeros meses del año superan los 1.136 millones.
Los ejecutivos que se han repartido este dineral son Roberto López Abad (director general hasta diciembre), Agustín Llorca (director general adjunto), Vicente Soriano (director general de Recursos), Joaquín Meseguer (director general de Participaciones Empresariales) y Gabriel Sagristá (responsable de expansión de la caja).
La directora de la CAM hasta la intervención de la caja por parte del Banco de España, María Dolores Amorós, pretendía cobrar una renta vitalicia, por 369.497 euros anuales, decisión que fue uno de los motivos que precipitó su despido.
La ejecutiva, sin embargo, se quedará sin cobrar esta renta vitalicia por haber sido objeto de despido disciplinario, salvo que recurra a los tribunales y éstos le den la razón.
El caso más destacado entre los cinco es el de Roberto López Abad, que dejó la dirección de CAM para asumir la dirección de Banco Base. Se prejubiló y obtuvo una indemnización de 3,8 millones de euros. Este importe es el resultado de multiplicar su último salario neto por los años que le quedaban para la jubilación (nueve).
Otra de las salidas sonadas fue la del director general Adjunto, Agustín Llorca. Éste anunció que se acogía al plan el mismo día en que se produjo la intervención de la caja, pero por la mañana. Llorca afirmaba en ese momento que ya había avisado de que tenía intención de prejubilarse, pero que quiso apoyar la labor de la directora general en los meses siguientes, en los que la caja estuvo buscando inversores que entraran para evitar la intervención del Banco de España, y eso retrasó su salida formal de la entidad.
Cuatro de los cinco ejecutivos se acogieron a las jubilaciones anticipadas el pasado febrero, justo después de que la entidad formulara las cuentas de resultados del ejercicio 2010, cuando todavía estaba en marcha la creación del malogrado Banco Base con Cajastur.
Vinculado con la integración en Base Base se aprobó un plan de jubilaciones en la CAM, con expediente de regulación de empleo, al que se acogió la cúpula directiva. Tras la ruptura de Base se ejecutó un nuevo expediente de regulación de empleo, que fue formalmente aprobado por el ministerio de Trabajo el 3 de junio.
Entre tanto, casi un millar de trabajadores de Caja Mediterráneo, aproximadamente el 90% de plantilla de la Región de Murcia, se concentraban en la tarde del martes ante el Banco de España en Murcia, produciéndose cortes intermitentes de tráfico en la Gran Vía ante la avalancha de asistentes. Los manifestantes reclamaban que no se pierda la Obra Social de CAM y que no se destruya empleo en la Caja una vez adjudicada mediante subasta a otra entidad financiera.
Estos trabajadores también condenaban la “deplorable y vergonzosa actuación” de los directivos de la Caja.
A. Fernández , F. Abad
MurciaEconomía
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